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La sindicalización en Argentina refleja los resultados del modelo

La tasa de empleo no registrado, duplicada entre 1980 y 2003, se redujo un tercio entre 2004 y 2010. También a mediados de la década de los noventa la cantidad de convenios colectivos y acuerdos homologados no superaba los 200 casos anuales, mientras que en 2009 fueron 1.300. Al fortalecimiento de la capacidad negociadora –y por ende adquisitiva– de los trabajadores y del rol sindical en la instalación de una agenda de discusiones se suma la otra agenda referida a la democratización de las estructuras gremiales, en algunos casos gracias a fallos de la Corte Suprema conformada al inicio del ciclo kirchnerista o de la Cámara Nacional del Trabajo que tienden a consagrar derechos reconocidos en lo mejor de las normas internacionales.
Otro dato contundente lo demuestra: si al finalizar esa década la cantidad de trabajadores sindicalizados no superaba los 3,5 millones, hoy se estima que llega a 7 millones.
Cuando los especialistas en temas sindicales diagnostican la salud de la vida gremial en una sociedad suelen apelar entre otros parámetros a la tasa de sindicalización, que se define como la relación entre la afiliación real y la afiliación potencial. Esa tasa la suelen medir los estudios del Ministerio de Trabajo mediante una muestra tomada en empresas privadas formales de más de diez trabajadores pertenecientes a todas las ramas, excepto las relacionadas con actividades primarias, en cinco grandes centros urbanos. La tasa mide algo así como la densidad sindical y hoy ronda, según qué estudio se tome, el 38 por ciento. Alberto Robles, director de Investigaciones del Instituto del Mundo del Trabajo dice que la tasa de afiliación argentina, en el orden del 40-45 por ciento, supera la de todos los países de América, incluidos Brasil, Estados Unidos, Canadá y Uruguay.
Si en los ’90 y con el estallido del 2001 cayeron a pique los niveles de afiliación en gremios emblemáticos como el de la construcción, metalúrgicos o textiles, la generación de puestos de trabajo implicó un rumbo absolutamente opuesto. Un caso particularmente dramático es el de la UOCRA, que pasó de la agonía de contar con apenas 60.000 afiliados en 2002 a los actuales 350.000. La UOM pasó de menos de cien mil a trescientos mil. Es cierto que a la vez sólo el 12,4 por ciento de las empresas cuenta con un delegado gremial (ese vacío de representación que termina ejercida de modo cupular se verifica en todas partes: desde las cámaras empresarias industriales y sobre todo agropecuarias a las cooperadoras escolares), pero ese mismo dato aparece complejizado por la aparición permanente de nuevos modos de expresión sindical. Sólo en la provincia de Buenos Aires, el nuevo sindicato de peajes que conduce Facundo Moyano tiene más de 4.500 trabajadores afiliados.

Políticas y datos duros

En un documento elaborado a propósito del año del Bicentenario por el Ministerio de Trabajo, se sintetizan las políticas que permitieron llegar a esta nueva situación: la fijación de un tipo de cambio competitivo, los niveles de inversión pública sobre todo en infraestructura, la apuesta al sostenimiento del mercado interno y del poder adquisitivo de los ingresos familiares, la expansión y diversificación de la producción, la sustitución de bienes importados, el impulso a las economías regionales, el fomento de la negociación colectiva y la ampliación de la protección social, nuevas políticas educativas, de ciencia y tecnología y de mejora en la calificación de los trabajadores.
En ese trabajo se subrayan una serie de avances como el regreso a la vida del Consejo del Salario o el hecho de que, contando el último aumento acordado en 2010, el mínimo haya crecido en un 820% en relación al promedio de los ’90. La multiplicación de la capacidad de inspección del Ministerio es otro dato: de 20 agentes en el año 2003 a 400. Más otro proceso de fondo: la incorporación de unas 125 mil nuevas empresas privadas entre 2003 y 2009, “que significó un incremento cercano al 36%”. Según el gráfico respectivo, eran 376 mil empresas en 1996, 348 mil en 2002 y 473 mil en 2009, año de la crisis internacional.
Aunque el diario La Nación insista en que sólo crece “el empleo estatal”, desde 2002 el empleo privado explica el 66% del total de los nuevos puestos de trabajo creados, contra el 12% del empleo público (los demás son autónomos y monotributistas). El otro proceso que el kirchnerismo suele reivindicar es el de la recuperación del empleo formal: hoy la cantidad de trabajadores registrados es un 43% superior a la que existía a mediados de los 90 y un 67% superior a las cifras posteriores al estallido. Al igual que la pelea contra el núcleo duro de la pobreza, continuar la batalla contra el empleo en negro se hace progresivamente difícil a medida que se avanza.

Fuente: Por Eduardo Blaustein, Miradas al Sur.

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